MEMORIA HISTÓRICA
El Gobierno valenciano exhumará las fosas comunes de la Guerra Civil
La Generalitat tramita el anteproyecto de ley de Memoria Democrática
Valencia
El Gobierno valenciano tramita una ley para resarcir a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura de Franco. El pleno del Consell ha dado hoy el visto bueno al anteproyecto de ley de Memoria Democrática, que estima en 4,4 millones de euros el coste de exhumar las 300 fosas comunes identificadas en la Comunidad Valenciana: 71 en la provincia de Castellón, 184 en Valencia y 44 en Alicante.
Bravo ha explicado que al coste de exhumación de las fosas ya identificadas asciende a 4,4 millones de euros. El cálculo se ha hecho con ayuda de expertos, que estiman que localizar e identificar los restos cuesta 3.000 euros y exhumarlos, unos 15.000.
El anteproyecto prevé sanciones de entre 200 y 150.000 euros a quien, por ejemplo, no retire los símbolos del franquismo en consonancia con la ley española de Memoria Histórica aprobada en 2007. El texto da un año de plazo desde la entrada en vigor de la ley para que se eliminen los símbolos contrarios a los valores democráticos.
Justicia creará un censo víctimas en la Comunidad Valenciana, que será público -pero dentro de la normativa de protección de datos- e incluirá en él a los valencianos que murieron fuera del territorio valenciano, a los que fueron víctimas de la represión en campos de concentración o el exilio y abordará, en colaboración con otras Administraciones, la desaparición de niños durante la dictadura de Franco.
La Generalitat reclamará los fondos documentales estatales de aquella época que tengan relación con los valencianos y se promoverán medidas que restituyan el patrimonio documental incautado por las fuerzas franquistas.
Se estudiará en la ESO y FP
La consejera ha adelantado que la norma prevé que la memoria democrática forme parte del currículo de la ESO y de la Formación Profesional, si bien el contenido de esa materia y el curso al partir del cuál se implantará lo determinará la Consejería de Educación.
La ley, que tiene que ser dictaminada por el Consell Jurídic Consultiu (CJC), costará un total de 9,5 millones de euros y se desarrollará en un periodo de entre 10 y 12 años, según Justicia. "Es una ley que pretende integrar a todas las víctimas; no es revanchista”, ha dicho Bravo.
Son varias las autonomías que cuentan con una ley de Memoria Democrática.Según la titular de Justicia, el anteproyecto valenciano se inspira en otras normativas autonómicas como las ya aprobadas en Cataluña, Navarra, País Vasco o Baleares, o las que están en tramitación como en Andalucía y Aragón.
Según Bravo, la norma se ha redactado para cumplir con el mandato contenido en los artículos 1.3 y 12 del Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana referidos al refuerzo de la democracia y a la obligación de la Generalitat de velar por la protección y defensa de los valores e intereses del Pueblo valenciano.
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